Este martes 18 de mayo, la Cámara de Senadores bonaerense sancionó la ley que autoriza al gobernador Axel Kicillof a comprar vacunas contra el coronavirus. De esta manera se va a “fortalecer” la campaña de vacunación en medio de la segunda ola de pandemia.
La iniciativa, que pasó la semana pasada por Diputados, fue aprobada esta tarde por unanimidad en el Senado. La sanción se llevó a cabo en el marco de una sesión especial convocada por la vicegobernadora Verónica Magario.
???? Por unanimidad, se aprobó la ley que autoriza a la Provincia a comprar vacunas contra el Covid ???? pic.twitter.com/mrH2yDF8ny
— Senado BA (@Senado_BA) May 18, 2021
La medida otorga al Poder Ejecutivo bonaerense la facultad a través del Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete, “A adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado”.
Por otro lado, otro de los articulos deja en claro que los contratos a firmarse deberán tener el aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado y, una vez firmados, deberán informarse a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Emergencia, que funciona en la Legislatura provincial.
También se estableció que se deberá confeccionar un informe cada 60 días y que la Comisión tiene facultades para solicitar las cláusulas de confidencialidad de los contratos en los casos en que éstas existan.
En sus fundamentos, el proyecto enviado por el Gobernador expresa que, en el contexto actual, “se presenta como imprescindible dotar al Poder Ejecutivo (bonaerense) de las facultades que resulten necesarias para contribuir a mejorar la disponibilidad de dosis, estableciendo el marco jurídico que demanda esta clase de transacciones en el mercado internacional”.
Se prevé, de este modo, facultar al Ejecutivo a iniciar negociaciones y celebrar contratos (incluyendo la moneda extranjera) que resulten necesarios para la adquisición de vacunas.
Con ese propósito, se propone admitir legislativamente que tales contratos contengan cláusulas de confidencialidad y condiciones de indemnidad patrimonial o prórroga de jurisdicción en los casos de litigio judicial.
