El Observatorio Nacional de MuMaLá presentó su informe anual sobre femicidios, femicidios vinculados, trans/travesticidios y otras muertes violentas en el país durante 2024. Los datos son alarmantes: se registraron 255 femicidios, lo que significa que una mujer fue asesinada cada 34 horas. Además, hubo 604 intentos de femicidio y 222 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres.
“Es urgente la implementación de políticas efectivas para combatir estas formas extremas de violencia“, remarcaron desde la organización.
Uno de los puntos más desgarradores del informe es el aumento de víctimas menores de edad. Un 14.5% de las mujeres asesinadas eran niñas y adolescentes menores de 18 años, y 22 de ellas no alcanzaban los 13 años. Este es el porcentaje más alto registrado en cinco años. A su vez, sólo el 12% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, la cifra más baja en una década, lo que evidencia el desamparo estatal en materia de prevención.
El informe también analiza los patrones de violencia en los femicidios. Casi la mitad de los agresores (46%) eran parejas o exparejas de las víctimas, y el 57% de los crímenes ocurrieron en la vivienda de la víctima o en la que compartía con el agresor. Las provincias de Chaco, Misiones y Santiago del Estero lideran las tasas de femicidios, mientras que a nivel nacional se mantiene la preocupante cifra de 1 femicidio cada 100.000 mujeres, sin cambios en los últimos tres años.
Victoria Aguirre, vocera de MuMaLá, cuestionó con dureza al gobierno: “Mientras el ministro de Justicia celebra con mensajes odiantes la eliminación del Ministerio de las Mujeres, las organizaciones seguimos acompañando y visibilizando la realidad, donde nos matan todos los días”.
Desde MuMaLá señalaron que el incumplimiento de leyes y tratados internacionales por parte del gobierno nacional agrava la situación. “Esto desalienta a las mujeres y diversidades sexuales a solicitar intervención estatal”, denunciaron. En ese contexto, exigen la declaración de la Emergencia Nacional en Violencias de Género y el restablecimiento de políticas públicas efectivas que protejan a las víctimas.
