El Presidente Alberto Fernández firmó este jueves un decreto para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino. De esta manera, no podrá ampliarse el número de integrantes o titulares de los Programas Nacional de Inclusión Socio-Productiva, Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.
La decisión fue confirmada por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz en una entrevista “No hay más incremento en los titulares del Potenciar Trabajo, tengo un techo al que nos hemos comprometido”.
Tolosa Paz hizo mención a la existencia del decreto que le pone un límite al ingreso de nuevos beneficiarios a programas sociales y que se hizo efectivo con la firma del Alberto Fernández.
Según se detalló las transferencias previstas para nuevos beneficiarios del programa -serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.
En este sentido, Tolosa Paz aclaró que las bajas de los titulares tampoco podrán ser reemplazadas por otros. Establece que el “ahorro” que se obtendrá solo podrá ser utilizado para la compra de máquinas y herramientas que Desarrollo Social entrega a cooperativas de trabajo o emprendimientos individuales.
A su vez, la ministra enfatizó en el compromiso que deben tener todas las carteras que integran el Estado para “ordenar la macroeconomía” y cumplir con la meta del déficit fiscal prevista en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la actualidad, cerca de 1,3 millones de personas están dentro del programa Potenciar Trabajo, que representa una ayuda mensual equivalente a la mitad del salario mínimo vital y móvil (hoy ese monto$28.950) a cambio de cuatro horas diarias de trabajo o capacitación.
Según Tolosa Paz, se lleva “el 50% del presupuesto” de su ministerio. Está en marcha una auditoría que controlará que quienes lo perciben cumplan con el los requisitos exigidos y permitirá ordenar bajas en caso de detectar irregularidades.
A pesar de que se esperan desacuerdos en torno a esta decisión, la ministra enfatizó que se trata de “un decreto trabajado y dialogado con parte de las organizaciones sociales que integran la UTEP y otros movimientos sociales de la Argentina”.
