El anuncio del gobierno nacional de avanzar con un proyecto para eliminar la figura del femicidio del Código Penal generó un fuerte rechazo desde distintos sectores. Julieta Izcurdia, directora del área Jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), advirtió que esto implica “un retroceso de más de 30 años en la construcción de políticas públicas de protección contra las violencias de género”.
“El femicidio es un concepto político que reconoce la evidencia de que hay muertes violentas de mujeres por razones de género, y la mayoría de estas son perpetradas por parejas actuales o pasadas”, aseguró.
Izcurdia destacó que esta figura legal “no es algo que se haya inventado”, ya que es el caso extremo de la violencia de género y tiene respaldo por datos oficiales de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Seguridad, además de ser adoptada por muchos países en sus códigos penales.
En cuanto a otras conquistas, como las leyes de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de Cupo, de Identidad de Género, la Ley Brisa, entre tantas otras, aseguró: “La igualdad ante la ley evidentemente no ha alcanzado, por eso hemos avanzado hacia una igualdad real o material que reconozca las desigualdades estructurales que atraviesan a las mujeres y personas con otras identidades de género”, explicó.
Además, advirtió que la situación actual vulnera derechos consagrados en convenciones internacionales con jerarquía constitucional y destacó la importancia de utilizar los mecanismos democráticos para exigir el cumplimiento de estos derechos fundamentales.
En relación al desmantelamiento de las políticas públicas, Izcurdia señaló que desde ELA, junto con otras organizaciones, han recurrido a la justicia para frenar estos retrocesos. “La justicia federal ya le ordenó al Ejecutivo que no despida personal clave para sostener las políticas de protección contra las violencias, porque esto implicaría incumplir leyes como la de Protección Integral de las Violencias“.
