El gobierno de Javier Milei enfrentará este jueves 16 de julio una prueba clave en el Senado de la Nación. El oficialismo intentará dar media sanción a la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, un ambicioso paquete legislativo que, bajo la premisa de desregular la economía, busca profundizar y consolidar la extranjerización de la tierra en beneficio del extractivismo, un proceso que lleva décadas desarrollándose en el país y que ahora encuentra una vía libre para su aceleración.
En el centro de la escena y como uno de los ejes más calientes del debate se encuentra la reforma —o contrarreforma, según denuncian diversos sectores de la oposición y movimientos socioambientales— de la Ley de Tierras Rurales.
El fin de los límites: ¿De qué se trata la nueva ley?
El espíritu de esta iniciativa no es nuevo. Ya en el controvertido DNU 70/23 se contemplaba la derogación lisa y llana de la Ley 26.737 (conocida popularmente como Ley de Tierras Rurales). Tras los frenos judiciales y legislativos de los meses previos, el Ejecutivo vuelve a la carga con un proyecto de ley formal.
La iniciativa lleva la firma del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien desde los sectores opositores señalan como un funcionario alineado con los intereses financieros y corporativos estadounidenses. El objetivo principal del proyecto es desarticular de manera definitiva los ya de por sí escasos límites legales que rigen sobre la adquisición de suelo argentino por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El núcleo del debate: Al eliminar los controles de la Ley 26.737, el suelo argentino queda expuesto a una dinámica de mercado sin regulaciones soberanas, facilitando el avance de grandes corporaciones sobre recursos naturales clave.
¿Qué protegía la Ley de Tierras Rurales?
Para dimensionar el impacto de la reforma que impulsa el oficialismo, es necesario repasar qué es lo que establecía la normativa vigente que se busca desactivar:
Tope del 15%: La Ley 26.737 limitaba la extranjerización y concentración del suelo argentino, imponiendo un techo del 15% a toda la propiedad en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental.
Límite por nacionalidad: Para evitar monopolios de un solo origen geopolítico, la ley establecía que ninguna nacionalidad individual podía acaparar más del 30% de ese porcentaje total permitido.
Protección de recursos hídricos y zonas de seguridad: Impedía que extranjeros adquirieran tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua permanentes de envergadura o que estuvieran en zonas de frontera.
Con la derogación implícita en la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, estos topes y controles desaparecen, permitiendo que cualquier corporación o magnate extranjero adquiera extensiones ilimitadas de territorio nacional.
El debate en la Cámara Alta promete ser de alta tensión, con la oposición intentando bloquear un avance que consideran una “entrega de la soberanía territorial”, mientras que las fuerzas del gobierno defienden la medida argumentando que la llegada de capitales internacionales dinamizará la inversión en el sector agropecuario y minero.
