La quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a estudiantes, docentes, sindicatos y organizaciones sociales frente al Congreso, terminó con un saldo de más de 550 personas afectadas por el accionar de las fuerzas de seguridad. El Gobierno nacional, en tanto, repudió los incidentes y acusó a “los mismos violentos de siempre” de querer “imponer el caos”.
La movilización, que se desarrollaba de manera pacífica frente al Palacio Legislativo, fue reprimida minutos antes del acto central. Según el relevamiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), más de 550 personas resultaron afectadas por el uso de gases lacrimógenos, proyectiles de goma y camiones hidrantes. La Comisión Provincial por la Memoria denunció el uso de gases lacrimógenos, proyectiles de goma y camiones hidrantes, e informó que entre los afectados hay 16 observadores del organismo y trabajadores de prensa.
Entre los heridos se encuentra la cronista Laura Quispe, del medio Telesisa, quien fue hospitalizada tras recibir siete disparos con munición antitumulto. Un fotógrafo recibió un impacto en el pecho. La CPM reportó además que entre los afectados había 16 observadores del organismo y trabajadores de prensa.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) confirmó la detención de cinco adultos, acusados de resistencia a la autoridad, y la aprehensión temporal de tres menores de edad durante la jornada .
La versión del Gobierno: “Los mismos violentos de siempre”
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, repudió los incidentes a través de un comunicado difundido en redes sociales:
“Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos. Buscan desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”.
La funcionaria advirtió que “quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia” y concluyó: “En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
El Gobierno nacional presentó además una denuncia penal por los incidentes, con acusaciones por atentado y resistencia a la autoridad, daño agravado y presunto atentado al orden constitucional. La cartera de Seguridad sostiene que los disturbios habrían tenido como finalidad obstaculizar la actividad legislativa prevista para ese día.
La respuesta de la oposición: “Hubo una provocación”
El presidente del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, bajó del recinto y expresó ante la prensa:
“Hubo una provocación. La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión” .
Una estudiante de la Universidad Nacional de La Plata que participaba de la movilización declaró: “Nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así”.
El contexto: una jornada de múltiples reclamos
La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo como eje principal la exigencia del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, pero confluyeron otros reclamos: la emergencia en discapacidad, la derogación del DNU 70/2023, el endeudamiento de las familias y la defensa de la soberanía.
La movilización se realizó un día después de que la Justicia Federal intimara al Ejecutivo y le impusiera multas diarias por el incumplimiento de una medida cautelar que ordena transferir los fondos estipulados en la Ley 27.795 . El presupuesto universitario destinado a 2026 es un 25,3% inferior en términos reales en comparación con el invertido en 2023, convirtiéndose en el gasto universitario más bajo en 21 años.
En paralelo, la oposición fracasó en su intento de reunir el quórum necesario en Diputados para derogar el DNU 70/2023 y tratar los proyectos sobre discapacidad y endeudamiento.
La represión de este jueves se inscribe en un contexto de aumento sostenido de la violencia institucional en manifestaciones. Según datos de Amnistía Internacional Argentina, desde la implementación del Protocolo Antipiquetes se han registrado al menos 2.557 personas heridas por el accionar policial hasta noviembre de 2025. Solo en los primeros seis meses de 2025 se registraron 1.251 personas heridas y 130 detenciones arbitrarias.
