Este miércoles 5 de mayo, se dio a conocer que la Cámara Federal de Casación Penal consideró las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes. Los magistrados Daniel Petrone y Diego Barroetaveña le dieron la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron.
Según argumentos, los hechos denunciados no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte Suprema.
Más impunidad: la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que declaró imprescriptibles las torturas en Malvinas
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— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) May 5, 2021
La Sala I de la Cámara de Casación hizo lugar a un recurso que había presentado el subteniente retirado Jorge Oscar Ferrante, acusado de someter a torturas a soldados argentinos durante la guerra de Malvinas. Con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”
La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y enterramientos de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.
La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.
El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.
Por su parte, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido“, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante“.
