El Gobierno nacional prorrogó por un año la confección definitiva de los cuadros tarifarios para los servicios de electricidad y gas e instruyó a los organismos de control el diseño de un esquema de “transición” hasta que pueda alcanzarse el acuerdo final. A su vez, prorrogó las intervenciones en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Ambas decisiones fueron tomadas a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 815/2022 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La norma dictada prorroga los alances del Decreto 1020/2020 que había ordenado la “Revisión Tarifaria Integral” que tenía por objeto adecuar el costo de los servicios públicos en un plazo no mayor a dos años. En consecuencia, al no haberse alcanzado el nuevo cuadro tarifario, el Gobierno prorrogó por un año, hasta el fin del mandato de Alberto Fernández, el plazo para diseñarlo.
Esto no implica una suspensión de aumentos de tarifas el año próximo, si no que esos ajustes se seguirán haciendo con medidas transitorias definidas por la administración nacional y no seguirán un sistema de actualización automática de acuerdo a alguna variable como inflación o la suba de los salarios.
La decisión de suspender la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que estuvo vigente durante el Gobierno de Mauricio Macri se tomó en diciembre de 2019 en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaró la “emergencia tarifaria”, entre otras.
En ese momento, se puso un plazo de dos años para hacer una nueva RTI. En el decreto se remarcó el incremento significativo y generalizado de los precios internacionales, con un primer salto de los costos energéticos mundiales hacia el tercer cuatrimestre de 2021 y luego la guerra en Ucrania que generó una nueva suba de los precios, especialmente del Gas Natural Licuado (GNL) y del gasoil, que la Argentina importa en el invierno para complementar la producción nacional de gas natural y abastecer la demanda interna.
“Los servicios públicos de electricidad y gas desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, por lo cual su accesibilidad resulta indispensable para los hogares. Las políticas tarifarias aplicadas desde 2016 hasta 2019 implicaron una reducción de los ingresos de los hogares en términos reales, con incrementos tarifarios muy por encima de los ingresos de la población, en un contexto de grave crisis económica”, se indicó en el decreto como argumento.
Aprovechando esa argumentación sostuvo que “resulta oportuno y conveniente mantener la razonabilidad tarifaria en el actual contexto de recuperación económica y evitar una desarticulación del esquema tarifario que repercuta negativamente en el ingreso disponible de los hogares e implique aumentos considerables en los costos de producción de la industria”.
Los aumentos de tarifas en gas y electricidad que se aplicaron este año e impactaron en las facturas que reciben los usuarios responden en mayor medida a la quita de subsidios -que se segmentó de acuerdo a los ingresos de cada grupo familiar- y que se vinculan con el precio del gas y de la generación eléctrica pero no con los servicios de transporte y distribución, lo que redujo el margen de ganancias de estas empresas. (DIB)
