Según un informe oficial, los decesos ocurrieron en hospitales de Buenos Aires, Rosario y La Plata, aunque también se reportaron pacientes afectados en Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Chaco y Tucumán. Todos los centros de salud implicados compartían vínculos de provisión con los laboratorios cuestionados, en particular HLB Pharma, que está en el centro de la escena.
La investigación comenzó en abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata identificó anomalías en ampollas de fentanilo. Los análisis revelaron la presencia de dos bacterias altamente resistentes y potencialmente mortales: Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae. Las infecciones causadas por estos patógenos serían las responsables de los fallecimientos registrados.
Frente a esta situación, la ANMAT dispuso el retiro inmediato del producto y suspendió tanto al laboratorio productor HLB Pharma como a su coproductor, Laboratorio Ramallo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la distribución de los lotes contaminados alcanzó a diversas instituciones públicas del país.
En paralelo, la Justicia federal, encabezada por el juez Ernesto Kreplak, avanza con una investigación que incluye allanamientos clave, como el realizado a la droguería Nueva Era, sospechada de haber distribuido parte del lote contaminado. Una de las hipótesis más fuertes apunta a un posible sabotaje interno en HLB Pharma: los propios directivos denunciaron la destrucción de documentación clave en el área de Garantía de Calidad, lo que complica aún más el panorama.
Además, el juez solicitó a los ministerios de Salud de las provincias involucradas que informen si detectaron otros casos de infecciones compatibles con las bacterias halladas, en pacientes que hayan recibido fentanilo desde el 1° de abril.
Para la ciudad de La Plata, la noticia no es menor. No solo por el fallecimiento confirmado recientemente, sino porque la causa se originó justamente en uno de sus hospitales más reconocidos, lo que abre interrogantes sobre los controles sanitarios, la trazabilidad de los medicamentos y la seguridad en la atención pública.
