El proyecto de ordenanza cuenta con el respaldo de la bancada oficialista, la cooperativa que agrupa a los repartidores y la CGT Regional, y busca cubrir un vacío legal: actualmente no existe en la provincia una regulación específica para este sector, luego de que en 2023 fracasara un intento de sancionar una ley en la Legislatura bonaerense.
La propuesta establece que las plataformas deberán constituir domicilio legal en La Plata, demostrar su existencia formal y presentar un listado actualizado de repartidores registrados. Además, cada trabajador deberá inscribirse ante el Municipio a través de al menos una cooperativa de trabajo.
Entre los requisitos principales se exige que las plataformas implementen un sistema de atención al usuario para canalizar quejas o reclamos, así como un sistema de pago electrónico transparente que permita liquidar tarifas, entregas y propinas de manera clara. También deberán habilitar un sistema de monitoreo para que el Municipio pueda auditar tiempos de entrega, tarifas y condiciones laborales.
En cuanto a los repartidores, el proyecto prevé que sean mayores de edad, cuenten con licencia de conducir habilitante, presenten un examen médico que certifique su aptitud física, posean seguro de responsabilidad civil vigente y porten identificación visible con sus datos, el nombre de la app y el número de registro municipal.
Los vehículos utilizados —motos o bicicletas— también deberán estar asegurados y registrados con información precisa sobre marca, modelo, patente y cobertura de seguro. Esta identificación deberá estar siempre visible durante la actividad.
El artículo 6° del proyecto enumera los derechos de los repartidores en caso de aprobarse la ordenanza: recibir una remuneración justa y transparente acorde a las tarifas establecidas, acceder a cobertura de seguridad social adecuada y contar con capacitación en seguridad vial, manipulación de alimentos (en caso de ser necesario) y atención al cliente.
El texto también contempla sanciones para las plataformas que incumplan la normativa, que podrán ir desde multas económicas hasta la suspensión temporal o definitiva del servicio en el ámbito de La Plata, de acuerdo a lo previsto en el Código de Faltas Municipal.
De avanzar y aprobarse, la ordenanza marcaría un paso importante para formalizar una actividad que creció exponencialmente en la ciudad durante los últimos años, pero que hoy se desarrolla en condiciones de alta informalidad y sin regulaciones que protejan a trabajadores y usuarios.
