El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata inició el proceso contra Emilio Parodi, exjefe de Personal de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, acusado por el secuestro y la desaparición de tres trabajadores en 1976. La abogada querellante del CELS, Lucía de la Vega, dialogó con Radio Estación Sur y advirtió que “la responsabilidad empresarial cuesta más en la Justicia”: el caso tardó 13 años en llegar a juicio y llega con un solo imputado.
Los trabajadores secuestrados el 7 de julio de 1976 son Fernández, Ribolta Bonino y Santos Ojeda, todos capturados en la oficina de personal de la planta cuando iban a marcar tarjeta o salían de trabajar.
“Se llega después de 13 años. La denuncia la hicieron familiares y llegamos con un solo imputado, Emilio Parodi, pero en su momento requerimos y pedimos también la responsabilidad de toda la gerencia de la planta Avellaneda, de Molinos Río de la Plata. Es una justicia que sabemos que lo que tiene que ver con el juicio de responsabilidad empresarial cuesta más“.
De la Vega destacó que este es el primer juicio en el marco del Circuito Camps y que la planta tuvo “un montón de desaparecidos, de trabajadores y trabajadoras que hoy están desaparecidos“.
Nota completa:
El rol del imputado y las pruebas
Según la investigación, Parodi habría entregado listas de trabajadores al Ejército y facilitado el operativo dentro de la fábrica.
“Estas tres personas son secuestradas desde la oficina de personal cuando van a marcar tarjeta. Santos Ojeda, por ejemplo, desaparece cuando estaba saliendo de trabajar, el 7 de julio de 1976, y de los papeles del legajo de personal de la empresa figura como desafectado en diciembre de 1975″..
De la Vega también mencionó el testimonio de la esposa de uno de los trabajadores, que mantuvo una conversación con Parodi cuando su marido no volvía: “Da cuenta de un conocimiento acabado de lo que había pasado con su marido por parte de Parodi”.
La abogada señaló que ex-trabajadores de la planta declararon sobre el rol del imputado: “Cómo controlaba todo, las amenazas que les hizo a los trabajadores, inclusive para que tomaran licencia y demás, para desafectarlos, sobre todo a los que se organizaban en la fábrica reivindicando mejoras laborales”.
Un contexto de impunidad y la necesidad de celeridad
La primera audiencia fue virtual, en el marco de la readecuación del sistema federal para implementar el Código Procesal Penal acusatorio. La próxima está prevista para el 24 de septiembre, cuando Parodi preste indagatoria, y la tercera sería para la declaración de familiares y ex-trabajadores.
“Estamos exigiendo que sea con un ritmo de audiencias que nos permitan tener justicia lo antes posible, porque ya sabemos que ha pasado mucho tiempo. El tiempo es bastante funcional a la impunidad y necesitamos justicia”.
De la Vega también pidió que las audiencias sean presenciales: “Lo que tiene La Plata es un acompañamiento muy fuerte a los juicios. Quieren declarar frente al tribunal, acompañados, y la virtualidad a veces eso no lo facilita”.
La responsabilidad empresarial como deuda pendiente
La abogada del CELS enmarcó este juicio en una deuda más amplia de la Justicia argentina con la responsabilidad empresarial durante la dictadura:
“Es la última fase del genocidio, lo que es el exterminio, donde más falta avanzar en el juzgamiento. El año que viene empezaría el juicio por Mercedes-Benz”.
Y agregó: “Una firma que lo reconoció abiertamente: de tener pérdidas en los años anteriores pasó a tener ganancias durante la dictadura. Mirá si no le convenía entregar a los trabajadores que exigían mejoras laborales“.
Parodi tiene 85 años y está jubilado de la empresa, donde también ocupó cargos en el directorio. El juicio continuará el 24 de septiembre con su indagatoria.
