La Justicia bonaerense suspendió los nuevos cuadros tarifarios y los aumentos de luz que afectan a los usuarios de EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, tras una presentación de la Defensoría del Pueblo Bonaerense.
En diálogo con Radio Estación Sur, Gastón Arias, secretario de Servicios Públicos del organismo, explicó que la medida cautelar busca que los incrementos se discutan en audiencias públicas, instancia que no se realiza desde 2016.
“La Defensoría del Pueblo hizo un planteo porque no se discuten estos cuadros tarifarios en audiencias públicas desde hace más de diez años. Los ciudadanos, además de las asociaciones de consumidores, no tienen la posibilidad de discutir esos cuadros tarifarios“
La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo de Bahía Blanca y suspende el cuadro tarifario aplicado a partir del 1 de agosto por las cuatro distribuidoras que operan en el interior de la provincia de Buenos Aires. Arias explicó los fundamentos del reclamo.
Arias remarcó que hay un combo entre “el estado de todo el sistema eléctrico, la falta de inversión y también la respuesta demorada de las distribuidoras a una situación tan pero tan urgente y extrema como es quedarte sin luz, en algunos casos, por más de tres días” que explican la importancia de intervenir.
El fallo ordena suspender los incrementos hasta tanto se analice y discuta la información sobre a qué obedecen los aumentos.
Nota completa:
Tarifas dolarizadas y un servicio deplorable
“Cuando en su momento se decía que las tarifas estaban regaladas, no podíamos pedir demasiado buen servicio. Ahora las tarifas tienen valores internacionales, valores dolarizados, y no se ven obras de infraestructura que mejoren la calidad del servicio eléctrico” expresó Arias.
El funcionario mencionó el apagón de Tolosa como ejemplo: “Todavía no se saben bien los motivos. Ese combo que significa tarifas desdolarizadas a valores europeos, un pésimo servicio y que los ciudadanos no puedan analizar y debatir lo que se paga por un servicio público tan esencial”.
Mientras el servicio empeora, el peso de las tarifas en el ingreso familiar se multiplicó:
“Hasta el año 2023, un ingreso medio de una familia gastaba entre un 2 y un 3 por ciento en el pago de los servicios públicos. Hoy está pagando más del 20 por ciento de su sueldo. En algunos casos, la factura de luz se lleva todo el sueldo de un ciudadano de la provincia de Buenos Aires”.
El funcionario también mencionó el caso de La Costa, donde vecinos recibieron facturas de más de un millón de pesos.
La respuesta a los usuarios y la falta de inversión
Consultado sobre la respuesta de las distribuidoras ante los reclamos, Arias fue crítico:
“La distribuidora nos respondió buscando siempre las excusas. Uno entiende que un incidente de esta magnitud puede suceder, pero la falta de un plan de contingencia adecuado y la falta de respuesta ante una situación tan urgente no se condice con las exigencias de estos tiempos”.
Y agregó: “La justicia ha comenzado a despertarse en algunos aspectos. Creemos que hay que brindar información y que los usuarios paguen una tarifa adecuada, pero con la debida información previa que requieren las audiencias públicas”.
La Defensoría del Pueblo Bonaerense continúa con la acción judicial para que se resuelva la cuestión de fondo y se garantice el derecho de los usuarios a conocer y discutir las tarifas de un servicio esencial como la electricidad.
