La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó el allanamiento en el despacho del legislador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan. Es en el marco de la investigación sobre el funcionamiento de la mesa judicial bonaerense.
Allan es uno de los funcionarios que participó de la reunión del 15 de junio de 2017 en la que junto a otros empleados del gobierno de Vidal como el intendente Julio Garro, ex agentes de la AFI y empresarios, participaron en el armado de causas contra dirigentes sindicales. Por ese motivo, el juez federal de la capital bonaerense, Nicolás Kreplak, solicitó el allanamiento del legislador Allan.
Debido a que el senador cuenta con fueros, la Cámara Alta debía decidir si autorizaba el allanamiento. Finalmente, este martes la solicitud del magistrado fue aprobada con más de dos tercios del cuerpo.
La Cámara de Senadores bonaerense aprobó por unanimidad la autorización para que la Justicia federal de La Plata allane el despacho del legislador de JxC Juan Pablo Allan, en el marco de la investigación por el funcionamiento de una "mesa judicial" https://t.co/jGOUAJn2mo
— Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 11, 2022
Durante la primera sesión extraordinaria del año, los representantes de Juntos por el Cambio destacaron el hecho de que Juan Pablo Allan se pusiera a disposición de la Justicia. “Es una jornada histórica”, resaltó el senador opositor Alejandro Rabinovich quien destacó que “es la primera vez que se aprueba un allanamiento en el Senado”.
Las diligencias aprobadas por los senadores provinciales incluyen la recolección de toda documentación en formato papel o físico que se encuentre disponible en el despacho de Allan. Además, de todo elemento que se relacione con la puesta en marcha de una estrategia para armar causas judiciales contra sindicalistas opositores.
Desde su banca en el recinto, la presidenta del bloque oficialista, María Teresa García, responsabilizó a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al expresidente Mauricio Macri por armar “una mesa judicial para perseguir, hostigar y encarcelar a dirigentes sindicales desde el aparato del Estado” y cuestionó que ambos dirigentes posean teléfonos encriptados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
