Este jueves quedó firme la decisión de congelar las tarifas del transporte público, hasta después de las elecciones de octubre, por lo que quedó suspendido el aumento programado para este viernes y los valores de los boletos se mantendrán sin cambios hasta pasado el proceso electoral.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y artículo sostiene que: “Establécese la continuidad de la vigencia de los cuadros tarifarios y tarifas establecidos para los servicios de transporte público automotor y ferroviario de jurisdicción nacional que estuvieran vigentes al 1º de agosto de 2023, de conformidad con la Resolución N° 1.017 de fecha 29 de diciembre de 2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE”.
El Ministerio de Transporte invitó a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a los municipios a adherirse a la resolución. Las tarifas de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iban a aumentar 6% en septiembre. Desde marzo, todos los meses, se venían actualizando el precio del boleto sobre la base del índice de precios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el Gran Buenos Aires.
“Lo que estamos haciendo es acompañar a la gente. Este conjunto de medidas tiene que ver con contener, hay que pasar este momento, el futuro es mejor que el presente que tenemos”, explicó Diego Giuliano -ministro de Transporte. La idea es mantener los mismos precios al menos hasta pasadas las elecciones generales, en coincidencia con el congelamiento de los combustibles. El área de Transporte creará una comisión con las cámaras del sector de colectivos y operadores ferroviarios para monitorear los costos.
La decisión del Ejecutivo busca contener la escalada de precios de los próximos meses, cuando las consultoras ya estiman será de dos dígitos hasta fin de año tras la devaluación del 14 de agosto.
En los considerandos de la resolución, se planteó que “entre los objetivos centrales de la política desarrollada por el Estado nacional en materia de transporte público terrestre de pasajeros de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, se encuentran la razonabilidad en la determinación de las tarifas y la redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad“.
