La Confederación Nacional del Trabajo confirmó que participará de la movilización convocada para el 6 de agosto frente al Congreso, en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con la que el Gobierno nacional pretende eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La central obrera se sumará a las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones sindicales, sociales y políticas para manifestarse contra la iniciativa, que será debatida en el Senado y que favorece la extranjerización de la tierra.
Este proyecto se postergó cuatro veces por falta de apoyo. La última reprogramación fue impulsada por la senadora Patricia Bullrich, quien promovió un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto al advertir que el Gobierno no reunía los votos necesarios.
Desde la CGT advierten que esta reforma pone en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales. También anunciaron la continuidad del plan de lucha durante todo agosto en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una recomposición salarial y mayor presupuesto para la educación.
“Vamos en camino a una gran marcha federal y un paro nacional”
El cosecretario de la CGT, Octavio Argüello, confirmó que movilizarán contra la Ley de Tierras: “Vamos a acompañar todas las luchas que lleven adelante los trabajadores”.
📹@leomartin99 pic.twitter.com/kX1Aj8EODJ
— Corta (@somoscorta) August 3, 2026
Alerta por la extranjerización
La iniciativa oficial modifica cinco leyes y uno de sus puntos centrales reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, vigente desde 2011, que establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales.
El nuevo esquema elimina las restricciones nacionales y deja en manos de las provincias la definición de eventuales límites a un 25%, manteniendo únicamente la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran inmuebles rurales.
El proyecto también endurece el régimen de expropiaciones, acelera los desalojos mediante el juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego, que impedía durante 30 años modificar el uso de tierras afectadas por incendios.
