La investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Natalia Narváez Tojter, analizó la actuación policial durante la manifestación contra la extranjerización de la tierra y denunció que el uso de efectivos de civil sin identificación visible viola normativas nacionales e internacionales.
En diálogo con Radio Estación Sur, Natalia Narváez Tojter, investigadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, señaló que uno de los puntos más graves fue la presencia del comisario Gustavo Gauna, quien participó del operativo vestido de civil y portando una escopeta que puede cargar municiones de plomo.
“Es importante para quienes asisten a una manifestación poder identificar quiénes son los policías. Tiene que ver con una cuestión de rendición de cuentas, de transparencia. El problema es que nuestro país venía con una normativa de órdenes internas de la Policía Federal que establecía que los funcionarios policiales tenían que usar el uniforme en la intervención de las protestas”.
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La investigadora recordó que Argentina cuenta con tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana que establecen como obligatorio que los efectivos policiales tengan identificación visible durante las protestas. Sin embargo, la resolución 943/2024 —conocida como “protocolo antipiquete” y dictada por el Ministerio de Seguridad sin pasar por el Congreso— disolvió esas normativas y habilitó este tipo de prácticas.
El uso de armas como la escopeta 12/70, si se emplea por fuera de los protocolos, puede provocar lesiones graves e incluso la muerte, como ocurrió en casos recientes. Narváez Tojter mencionó las investigaciones en curso por los casos de Pablo Grillo, Jonathan Navarro y Rodrigo Troncoso, todos heridos en manifestaciones, y destacó que estos procesos avanzan en la justicia.
“Nosotros también como CELS formamos parte de lo que se llama el mapa de la policía, que es un conjunto de organizaciones que se dedican también a registrar, a producir reconstrucciones, a producir otra verdad frente a la sociedad y frente al poder judicial” explicó la investigadora. Desde el organismo reconstruyeron los hechos en las represiones donde resultaron heridos Pablo Grillo y Rodrigo Troncoso.
“Lejos de desalentar, queremos contarle a toda la audiencia que eso está avanzando y hay efectivos identificados e imputados que van a ser elevados a juicio. Fue fundamental el registro de los fotoperiodistas y el compromiso de la ciudadanía”.
Desde el CELS presentaron pedidos de información ante los Ministerios de Seguridad Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, y acompañan las denuncias judiciales por las irregularidades ocurridas durante el operativo del 6 de agosto. La organización también integra el “Mapa de la Policía”, una iniciativa que busca registrar y visibilizar los hechos de violencia institucional para construir una narrativa alternativa frente al poder judicial.
