En el marco de la discusión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el equipo de investigación del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) de la UNLP publicó un informe titulado “La tierra rural en debate: ¿para quiénes?”, en el que analiza el impacto de la reforma en el Cinturón Flori-Fruti-Hortícola Platense (CHP), el principal del país .
Si bien se cayó el capítulo que facilita la compra de tierras por parte de capitales transnacionales, siguen en pie otros que afectan el territorio nacional. Los productores que abastecen de alimentos frescos al país siguen sin acceso al suelo donde viven y trabajan.
En diálogo con Radio Estación Sur, la investigadora y doctoranda en Geografía, Rocío Cecilia Ennis, profundizó sobre las problemáticas que afectan al CHP. Explicó que el avance de la ciudad encarece el suelo y vuelve más rentable destinarlo a fines inmobiliarios que a la producción:
“El suelo urbano se expande y eso hace que las tierras productivas vayan siendo reemplazadas por el uso habitacional. La producción empieza a realizarse cada vez más en tierras menos aptas, se va corriendo hacia los bordes”
El informe revela un dato estructural alarmante:
“Solo el 31% de la superficie es explotada por sus dueños, mientras que el 69% restante depende de formas de tenencia no propietarias” explicó Ennis.
“Alquilar la tierra significa para el productor tener que pagar a fin de mes el alquiler, además de los servicios y todo” lo que implica más presión sobre la actividad: “Están trabajando con la naturaleza y en una actividad que es muy riesgosa, a merced del clima, de las lluvias, del viento, de las heladas, de las plagas” .
Esta presión lleva a una producción intensiva y al desperdicio de alimentos. “El productor necesita sí o sí tener un ingreso y una ganancia mes a mes. Se pierde mucho alimento, porque a veces se produce con tal de tener un ingreso, y por ahí no hay precio de venta y queda más barato tirar la comida o las verduras que cosecharlas”.
Un debate que interpela al principal cinturón hortícola del país
Desde el equipo, integrado por Daniela Patricia Nieto, Rocío Cecilia Ennis, María Soledad Tarquini, Brenda Daiana Sosa, Marcela Fedele y Gabriel Atilio Rivas, señalan que “el debate sobre la Ley de Tierras también interpela a los Cinturones Verdes Productivos del país”.
Las áreas de producción primaria en zonas periurbanas son estratégicas para las economías regionales, el abastecimiento de alimentos frescos y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria.
Sin embargo, advierten que estas zonas han atravesado en las últimas décadas procesos de retracción y transformación como consecuencia del avance de la especulación inmobiliaria sobre el suelo productivo y de la expansión de los cultivos extensivos.
La tierra como mercancía o como condición para la reproducción de la vida
El informe sitúa el debate en la tensión entre dos concepciones de la tierra: como mercancía o como condición para la reproducción de la vida. Desde el equipo de investigación, recuperan los aportes de Porto-Gonçalves, Quijano y Mignolo para advertir que:
“El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada toma el principio colonial de que la tierra es solo un objeto para comercializar en términos del mercado global, relegando otras formas de concebir, vivir y ser con el territorio”.
El texto también recuerda que el artículo 154 del DNU 70/2023 ya había dispuesto la derogación de la Ley de Tierras, aunque su vigencia fue restituida mediante una medida cautelar a partir de una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Datos contundentes sobre la extranjerización
Según los datos más recientes del Registro Nacional de Tierras Rurales (agosto de 2025), más de 13 millones de hectáreas del país ya se encuentran en manos extranjeras, lo que representa casi el 5% de su superficie. En la provincia de Buenos Aires, los partidos de Zárate y Campana superan el límite establecido, con el 24,8% y el 50,27% de sus superficies rurales en manos de propietarios extranjeros .
En La Plata, en tanto, la superficie rural asciende a 64.122,60 hectáreas, de las cuales 6.375,04 (el 9,94%) son de propietarios extranjeros.
El informe del CIG-UNLP destaca que “los propietarios estadounidenses lideran la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguidos por capitales de origen italiano y español. Tan sólo esos tres países concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada del país“.
La contradicción del debate: capitales extranjeros vs. productores migrantes
Uno de los puntos más relevantes del informe es la distinción que realizan entre la extranjerización impulsada por capitales corporativos transnacionales y la presencia de población migrante que constituye la principal fuerza de trabajo de la horticultura platense:
“Resulta fundamental distinguir entre la extranjerización de la tierra impulsada por capitales corporativos transnacionales -que la reforma busca facilitar- y la presencia de población migrante que, desde una posición históricamente subalternizada y con un acceso precario a la tierra, constituye la principal fuerza de trabajo de la horticultura platense y garantiza buena parte del abastecimiento de hortalizas frescas a escala local, regional y nacional”.
La contradicción de fondo implica que hay políticas para acumular capital extranjero mientras no se fomenta el arraigo nacional, el trabajo y la soberanía alimentaria de quienes ya viven y producen en nuestro país.
El riesgo de la modificación de la Ley de Manejo del Fuego
Si bien el capítulo de extranjerización fue postergado, la investigadora advirtió que la modificación de la Ley de Manejo del Fuego —que también se debate— representa un riesgo para el periurbano y para todo el país:
“La ley actual pone ciertos límites: si hay un bosque nativo que se quema, por 60 años no podés utilizar esa tierra para ninguna otra actividad. Eso hace que se prevengan de esa manera los incendios a propósito. Si modifican o quitan los años de protección, hace que se valorice mucho más rápido y que se reemplace el bosque nativo, el campo, el humedal, lo que fuere”.
“Sin tierra no hay soberanía alimentaria”
“Desde el CHP la premisa de que ‘sin tierra no hay soberanía alimentaria’ cobra relevancia frente al debate sobre la reforma de la Ley de Tierras. El suelo no es solo un bien económico comercializable, sino que también debe entenderse como un bien común que permite la reproducción de la vida y la producción de alimentos” advierte el informe.
Y agrega:
“La tierra debe ser un derecho de quienes la habitan, la producen y la cuidan. No puede reducirse a una mercancía ni a un instrumento de acumulación de riqueza y poder en manos de enclaves minoritarios, sino que debe orientarse a garantizar el bien común, la soberanía alimentaria y las condiciones de existencia digna para las mayorías”.
