El abogado especialista en migraciones y derechos humanos Pablo Ceriani Cernadas calificó como «inconstitucional de principio a fin» el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso y permitir la expulsión de extranjeros que promuevan «mensajes de odio» contra la Argentina o ultrajen los símbolos patrios.
En diálogo con Radio Estación Sur, el experto advirtió que la medida otorga al Poder Ejecutivo una herramienta de «arbitrariedad» y «posible autoritarismo», y la enmarcó en una serie de reformas populistas y xenófobas que el gobierno viene implementando desde 2024.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 fue firmado el 29 de julio y publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica artículos clave de la Ley de Migraciones N° 25.871 para incorporar como causales de inadmisión, cancelación de residencia y expulsión a quienes «inciten a la violencia, discriminación u odio contra el pueblo argentino y sus ciudadanos» o «ultrajen emblemas patrios». El alcance afecta tanto a quienes intentan ingresar al país como a extranjeros que ya poseen residencia legal en Argentina.
En ese contexto, Ceriani Cernadas fue contundente al señalar el primer y más grave problema de la medida:
«Este decreto es una continuidad de una serie de decretos que el gobierno ha venido implementando desde 2024 en temas migratorios, con reformas legislativas tanto de la ley de migraciones como de la ley de refugiados, todos por decreto presidencial sin pasar por el Congreso. La primera preocupación es por qué el presidente o el gobierno no lleva cualquier propuesta que tenga de reforma de una ley al Congreso, tal como lo exige la Constitución»..
El especialista subrayó que aprobar un DNU como reacción a «una serie de tweets o de mensajes por TikTok» desnaturaliza gravemente la división de poderes:
«La reforma de una ley por decreto debería ser una situación específicamente urgente y excepcional. No es el caso. El decreto casi en dos líneas dice que hay muchos mensajes de odio, de hostilidad contra el pueblo argentino. Eso no es suficiente para reformar una ley sin ir al Congreso».
Nota completa:
Libertad de expresión versus arbitrariedad del Ejecutivo
El abogado explicó que el contenido del DNU entra en conflicto directo con el derecho a la libertad de expresión, protegido por la Constitución y por los tratados internacionales que Argentina suscribe. Advirtió que la norma otorga al Poder Ejecutivo —a través de la Dirección de Migraciones— una función que por Constitución y por ley es exclusivamente judicial:
«Acá lo grave es que no va a ser la Justicia aplicando la ley antidiscriminatoria, sino que va a ser la Dirección de Inmigraciones, es decir, el Poder Ejecutivo, decidiendo qué opinión configuraría odio o incitación a la violencia. Darle al Poder Ejecutivo una función que por Constitución y por la ley es judicial es darle una herramienta de arbitrariedad que de ninguna manera corresponde».
El especialista recordó que la Ley Antidiscriminatoria N° 23.592, vigente desde 1988, ya contempla sanciones penales para el delito de incitación al odio o a la violencia contra personas por su nacionalidad, origen étnico, religión u otras condiciones. En caso de que existieran situaciones de esa gravedad, señaló, corresponde que la Justicia actúe, no el Poder Ejecutivo.
«Si realmente hay una preocupación genuina por este tipo de mensajes, Argentina y el gobierno tenían otro camino mucho más interesante. La respuesta ideal hubiera sido: ‘Miren, Argentina no es así. Argentina tiene una Constitución que iguala derechos, tiene alguna política de prevención de la xenofobia, del odio, del racismo’. Al contrario, lo que hace es echarle leña al fuego» explicó el abogado.
Un cóctel de persecución y mensajes xenófobos
Ceriani Cernadas vinculó este nuevo DNU con los operativos de control migratorio que se vienen realizando en distintos puntos del país y con el furor generado en torno al Mundial, donde circularon mensajes de odio contra otras naciones. Para el especialista, todas estas acciones forman parte de una misma estrategia:
«Este decreto tiene muchísimos problemas constitucionales. Es inconstitucional de principio a fin y afecta básicamente todos los derechos que están en el centro de cualquier idea de liberalismo. Hablamos del liberalismo y de derechos dentro de un modelo político liberal… claramente se ven vulnerados y le dan un nivel de arbitrariedad e incluso de posible autoritarismo al gobierno».
El DNU 366/2025 ya había reformado otros aspectos de la Ley de Migraciones, dejando fuera del sistema de salud pública gratuita la atención preventiva para inmigrantes que acrecenta la discriminación y trae problemas para la salud pública. «No es un mensaje muy confuso para la sociedad decirle a los argentinos que vamos a estar mejor si los inmigrantes están peor o no pueden acceder a los mismos derechos. Eso contradice la Constitución y contradice el sentido común» subrayó.
El contexto internacional y la «cultura del odio»
Estas reformas dentro de una corriente global de extrema derecha que utiliza el discurso antiinmigración como estrategia política. Ceriani explicó que países como EE.UU., Sudáfrica, Australia y varios países de la Unión Europea «Vienen recurriendo a este tipo de discursos antiinmigración y legitimando situaciones gravísimas, como las cárceles migratorias. La Unión Europea acaba de aprobar una directiva que permite incluso a familias y a niños solos estar presos 30 meses por no tener un documento en regla».
Y alertó sobre el peligro de normalizar la persecución:
«El gobierno argentino se ha sumado a esa tendencia. Estos operativos en Liniers, en el Conurbano, mostrando en redes sociales al ministerio de Seguridad Nacional como si los inmigrantes fueran un peligro, convocando a la ciudadanía argentina a denunciar ‘inmigrantes ilegales’… Esto es bastante grave y sólo tiene antecedentes en gobiernos autoritarios de los últimos 100 años».
¿Qué puede pasar si el Congreso no rechaza el DNU?
Consultado sobre los escenarios posibles, Ceriani Cernadas confió en que el Congreso cumpla con su función constitucional y rechace el decreto. Pero advirtió:
«Si eso no ocurre —como no ocurrió con otros DNU en esta materia—, puede pasar cualquier cosa. En qué medida Migraciones tiene competencia para analizar opiniones, para analizar un tweet y para determinar esto del odio y la violencia… Esto puede dar lugar a cualquier tipo de barbaridad. Cancelación de residencia, persecución a residentes, incluso a periodistas, porque la excepción que está en el DNU no queda clara respecto del ejercicio del periodismo».
De aplicarse la norma, es muy probable que los casos terminen en la Justicia a través de amparos. «Si el Congreso no repara esto, eventualmente la Justicia sería el órgano constitucional que analice algún hecho real de incitación al odio, como ya está previsto en otra legislación. Pero eso es mandato del Poder Judicial, de ninguna manera de un organismo del Poder Ejecutivo» remarcó el abogado.
Ceriani Cernadas cerró la entrevista con una reflexión sobre la responsabilidad del gobierno en alimentar discursos de odio y desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales del país:
«El gobierno dice que la migración invade los servicios sociales, la educación superior, los hospitales; que es un problema de seguridad. No existe nada de eso. Las propias estadísticas lo muestran: Argentina tiene el número de inmigrantes más bajo de toda su historia. Entonces, ¿para qué mirar para allá en lugar de mirar las verdaderas causas de los problemas sociales, económicos y políticos que tiene nuestra sociedad?»
