Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, dialogó con Radio Estación Sur sobre la acción judicial presentada junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) para detener el megaproyecto petrolero “Sea Lion” impulsado por empresas británicas e israelíes en aguas del Atlántico Sur. La demanda, radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, advierte sobre un grave riesgo ambiental y soberano ante la inacción del gobierno nacional.
Nota completa:
Una acción preventiva por “tutela ambiental soberana”
La presentación busca frenar el proyecto de las empresas Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum (israelí), que planean perforar 23 pozos submarinos a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la Cuenca Malvinas Norte. Según el cronograma, las perforaciones comenzarían a principios de 2027 y la primera extracción de crudo está prevista para marzo de 2028 .
“Solicitamos a la Justicia Federal, en este caso al Juzgado Federal de Río Grande, un amparo preventivo por un posible daño ambiental en el comienzo del año próximo por estas empresas que, de manera ilegítima, intentan extraer petróleo en la cuenca marítima” dijo Alonso.
El reclamo tiene una doble dimensión: ambiental y soberana. “Se trata del petróleo que nos corresponde a los argentinos”, enfatizó. El proyecto, denominado “Sea Lion” o “León Marino” en la presentación judicial, equivale en escala a un “Vaca Muerta 2” en el Mar Argentino y contaría con reservas probadas y probables de 314 millones de barriles de petróleo.
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La gravedad del riesgo ambiental y la violación de la ley argentina
La demanda sostiene que las empresas avanzan sin haber realizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la legislación argentina, ni obtenido las autorizaciones correspondientes. La Cancillería argentina ya había rechazado en diciembre de 2025 la decisión final de inversión de las compañías, argumentando que la explotación unilateral de recursos en una zona sujeta a disputa de soberanía contradice las resoluciones de Naciones Unidas.
La acción judicial introduce el concepto de “tutela ambiental soberana”: “Sobre el mismo espacio físico se superponen dos bienes colectivos indivisibles: la soberanía y el ambiente”. Alonso advirtió que “la explotación de hidrocarburos puede afectar toda la cuenca y todo el sector costero del área territorial de la República Argentina” .
“Estamos hablando de una reserva de petróleo de clase mundial”, advirtió.
El temor ante la cadena nacional de Milei y la presencia británica
La entrevista se dio en la previa de la cadena nacional anunciada por el presidente Javier Milei para este jueves, en la que se referiría a la cuestión Malvinas. Alonso expresó su preocupación y vinculó el tema con el giro de la política exterior argentina.
“Estamos con mucha preocupación porque este presidente puede llegar a firmar cualquier cosa. Malvinas puede ser el nuevo Kuwait”.
El excombatiente recordó que las empresas británicas e israelíes avanzan en la explotación de hidrocarburos mientras el gobierno nacional desoye el reclamo soberano: “El gobierno de Javier Milei intentó, entre otras cosas, derogar la ley de tierras, nada más ni nada menos. Estamos en una situación de grave riesgo, no hemos visto semejante pérdida en términos de política soberana”.
También mencionó la presencia de jefes del Comando Sur estadounidense en la región y la presión para instalar una base militar en Ushuaia. “Esto lo relacionamos con la posibilidad inminente de que Malvinas se transforme en un nuevo Kuwait“, concluyó.
El pedido concreto a la Justicia
La acción solicita a la jueza federal Mariel Borruto que declare ilegal el proyecto, suspenda las obras y movimientos sobre el lecho marino y bloquee las operaciones financieras vinculadas al emprendimiento. También pide que se notifique a los organismos de control financiero internacional y a las bolsas de Londres y Tel Aviv, donde cotizan Rockhopper y Navitas .
“No estamos pidiendo que la jueza resuelva la disputa de soberanía, sino que aplique las leyes argentinas en un lugar donde estas empresas no han cumplido con la reglamentación. Es algo exigible por nuestras leyes”.
La presentación se da en un contexto de avanzada del proyecto Sea Lion: Navitas ya adquirió una segunda unidad flotante de producción (FPSO) por 125 millones de dólares y las obras de infraestructura en las islas ya comenzaron. El gobierno nacional, mientras tanto, mira hacia otro lado, según denunciaron las organizaciones.
