El presidente Alberto Fernández firmó este viernes el decreto 138/2021 que deroga el anterior DNU de Mauricio Macri 70/2017, que modificaba la Ley de Migraciones. El mismo, apuntaba a acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales. El texto aclara que en el citado decreto, se observan diversos aspectos que resultan irreconciliables con la Constitución Nacional.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial, manifiesta que la Organización de las Naciones Unidas “ha expresado su profunda preocupación y ha instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto”. Asimismo, La Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus DDHH y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna”.
El decreto 70/2017, según diversas organizaciones, implicó, entre otras cosas, la violación de las garantías de debido proceso y el derecho de defensa; la limitación por parte de las personas migrantes al acceso a la Justicia, y un enfoque secutario que asoció migración con delincuencia.
La derogación fue celebrada en redes sociales por distintos organismos y funcionarios. El secretario de DDHH de la Nación Horacio Pietragalla, sentenció que la medida era “contraria a la inclusión y el respeto por los derechos humanos de las personas migrantes”.
Por su parte, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), emitió un comunicado en su página de Facebook, donde destacan “la iniciativa dictada por Decreto 138/2021 de crear una Comisión Asesora de Política Migratoria para proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones.“
