Impostergable agenda de políticas en comunicación (I)

La pelea por la vigencia del DNU 690/20 implica mucho más que una pulseada por el valor de las tarifas -que de por sí no es nada poco-. Se trata hoy del principal eje de debate en lo referido al Derecho a la Comunicación, y a muchos otros sólo garantizables en pandemia por esta vía: estudiar, trabajar, gestionar un turno de vacunación y casi cualquier trámite para la vida entre los más obvios y directos.

Como se sabe, la medida restableció a internet y la TV paga el carácter de servicio público esencial que le había sido arrebatado por el DNU 267/15 macrista, extendiéndolo también a la telefonía celular. Recupera la capacidad del Estado de regular precios y establece una Prestación Básica Universal (PBU) económica para garantizar el acceso a todos los sectores. El conglomerado devenido de las sucesivas fusiones Telecom/Personal/Fibertel/Cablevisión/(Artear/Clarín etc etc) hoy resumido jurídicamente en Telecom SA, viene dando batalla contra esta medida en diferentes planos: desde la desobediencia directa a la norma emitiendo facturas con hasta cinco veces el aumento permitido, hasta la instrumentación de múltiples obstáculos de hecho (administrativos, burocráticos, etc) para el otorgamiento de la PBU a quienes con en general escasos medios emprenden la odisea de solicitarlo, coronando recientemente -para hacer honor a su historia- con la obtención de una medida cautelar que la suspende, perpetrada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en voto dividido.

La presentación que fue tomada en serio por dos de los tres jueces de esa Sala deviene de una apelación al rechazo del juez de primera instancia, y contiene pasajes de antología: entiende la declaración de servicio público y el recupero de la potestad para regular las tarifas como una “confiscación”, invoca jurisprudencia nacional y norteamericana sobre sobre “libertad de expresión” y asegura que “si la finalidad buscada es posibilitar un mayor acceso a los servicios TIC”, la misma estaría “desviada, porque esconde el propósito instrumental de imponer sobre los medios de comunicación el control absoluto del Estado Nacional”, entre otros.

En el plano judicial conviene recordar también que desde el 15 de enero está vigente otra cautelar dada por el Juzgado Civil y Comercial Nro. 10 de Mar del Plata, en respuesta a una presentación hecha por la Asociación de Defensa de Consumidores ACUBA, apenas emitidas las facturas con aumentos de hasta el 25% en abierto desafío al tope del 5% autorizado por el Enacom. En ese fallo se le ordenó a Telecom SA el respeto a la norma vigente en la suba de sus servicios de Cablevisión, Fibertel y Personal, y mantener estos valores hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El conglomerado optó por ignorarlo y ni siquiera lo menciona en su presentación, porque hay cautelares y cautelares.

Esto fue recordado en la conferencia de prensa conjunta brindada el 13 de mayo por el Enacom y una veintena de Asociaciones de Usuarios y Consumidores con quienes el Estado presentó en forma conjunta su apelación a la Corte. Allí se señaló que, al no hacerse mención a esa cautelar previamente vigente, Telecom SA estaría “incurriendo en lo que, de acuerdo con el artículo 182 del Código Penal, se conoce como fraude procesal, ocultando información fundamental para que el juez competente pueda tomar una decisión con todos los elementos de relevancia jurídica”.

El presidente del organismo Claudio Ambrosini y el vicepresidente Gustavo López también argumentaron en la ocasión que “el fallo no se fundamenta en las pruebas, sino en un supuesto perjuicio económico basado en los dichos del accionante”, en respuesta a lo cual el Ente adjunta en su recurso los propios balances de las empresas declarando millonarias ganancias. También que la sentencia enfoca sólo en el grupo accionante pero no hace mención a usuarios/as y consumidores/as “como si no formaran parte del asunto”, razón por la que se convocaba a las asociaciones a presentar de conjunto el recurso. Y que en la práctica afecta principalmente la implementación de la PBU, “que es un nuevo derecho consagrado para dar respuesta a los sectores más vulnerables, interfiriendo en la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo de fijar las políticas a implementarse”.

Ahora claro, define la Corte. Sea que actúe con rapidez y en sintonía con el desembozado carácter político de sus últimos fallos, que deje correr los ¡seis meses! que la cautelar pone de plazo para resolver el tema o que sorprenda con otra cosa, la disputa sigue y promete ser intensa. Pero sino va junto con el impulso a una batería pendiente de políticas indispensables para democratizar, redistribuir, garantizar derechos, infraestructura, producción, trabajo, identidad y soberanía en comunicaciones y telecomunicaciones, va a ser muy difícil darla. Tanto a ésta como a otras, como a las que vendrán.

#AHORA | La @CoalicionCCD transmitirá una declaración conjunta en el #DiaDeInternet ????

MÁS CONCENTRACIÓN DE MERCADO ES MENOS DEMOCRACIA Y MENOS TRABAJO. DEMOCRATIZAR ES INTEGRAR Y REDISTRIBUIR.

Seguilo acá ???? https://t.co/wEvfXv4jMm#InternetEsencial #LaConectividadEsUnDerecho pic.twitter.com/6AZtpcthY4

— FARCO (@farcoargentina) May 17, 2021

Lo urgente y lo importante

El 17 de mayo pasado, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, la Coalición por Comunicación Democrática dio a conocer un extenso pronunciamiento en este sentido, donde a la vez que reafirma su defensa del 690/20 señala que “este escenario no es ajeno a la creciente concentración de los medios y las infraestructuras de las comunicaciones, que llegan a niveles nunca vistos en el pasado”.

En este sentido, se pronuncia por “la defensa de las instituciones democráticas frente al ataque sistemático de estos grupos concentrados y sus representantes en el Poder Judicial”, calificando de “vergonzoso” al fallo que “en plena pandemia, privilegia las ganancias de estos grupos frente a los derechos a la salud, educación y trabajo, entre otros”.

Posteriormente se enumeran toda una serie de situaciones y pendientes que explican en gran medida el camino hasta acá en comunicaciones y telecomunicaciones: desde las crisis y pérdida de puestos de trabajo en medios los últimos seis años, hasta el costo de las tarifas mayoristas e insumos básicos como el papel, la regularización pendiente del espectro de radio y tv en las grandes ciudades, la ausencia de una ley de distribución democrática y federal de pauta, entre muchos otros que pueden verse en detalle acá.

???? Apoyamos la condición de servicio público en las telecomunicaciones establecida por el DNU 690/2020

???? Exigimos una tarifa básica para los sectores con más necesidades de internet y móvil#DiaDeInternet #InternetEsencial #LaConectividadEsUnDerecho #AccesoUniversal pic.twitter.com/X4bOZfZkdz

— Coalición CD (@CoalicionCCD) May 17, 2021

La regulación de las nuevas –e inéditas en su escala- formas de concentración y definición de agenda por parte de redes y plataformas transnacionales (y ejércitos de trolls, manipulación de algoritmos, etc), protección de datos, desarrollo de infraestructura, tecnología, software libre y plataformas nacionales, la apertura de espacios de incidencia y participación en la definición de políticas públicas –como el Consejo Federal de Comunicación disuelto por el macrismo que sigue sin existir hasta hoy-, el fomento decidido de contenidos e identidad de cada rincón del país en manos de sus protagonistas, son otros de los muchos ítems que abarcan hoy esas antinomias de siempre.

Ni siquiera se requiere inventar mucho. Cada uno de esos puntos tiene precedentes, impulsores, proyectos ya presentados, ejemplos para tomar en el mundo, etc. que merecen un desarrollo en detalle en próxima nota. A los efectos ahora de enfatizar la necesidad de hacerlo, sí es necesario hacer un balance correcto de las experiencias pasadas, de las que queda claro que el problema no es proponerse desconcentrar, ni la previsible reacción de quienes vean peligrar sus privilegios y posiciones dominantes por eso (y que de todas formas –nunca más demostrado en la pandemia- atacaran y contraatacarán siempre que vean afectados sus privilegios en cualquier terreno, llámese carne, aporte solidario de grandes fortunas o lo que sea, sin pruritos ni consideraciones incluso aunque implique poner en riesgo la salud de sus audiencias). El único problema a mediano y largo plazo –sobre lo que también hay experiencias recientes- es seguirlo postergando.