(24-06-2021) El Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata (OSP-UNLP) consignó en su primer documento de trabajo un ostensible descenso en el índice que releva la pobreza energética y la indigencia energética en Argentina.
Existen diversas definiciones en torno al concepto de Pobreza Energética y también distintos aspectos metodológicos que deben apuntalarse para su medición. El OSP aclara, sobre ello, que publicará regularmente informes elaborados en base a una canasta energética y que tendrán como guía la definición adoptada en el documento Energy Poverty Handbook – 2016 según el cual “un hogar sufre de Pobreza Energética (PE) si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada, requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía. Si afectan al 20% de los ingresos, entonces el hogar pasa a estar en situación de Indigencia Energética (IE)”.
En 2020, la cantidad de hogares con Pobreza Energética cayó: los deciles 2 y 3 se ubican debajo del límite inferior (10%) de los ingresos. Y de modo convergente los hogares del decil 1 tienen el mismo comportamiento: descienden y dejan de estar en condiciones de Indigencia Energética”, señaló el informe del OSP-UNLP. Y concluye que “esa disminución ostensible de los tres deciles está vinculada al rol de los programas de asistencia desplegados por la administración del Estado nacional y al congelamiento tarifario”.
El informe del OSP establece que “las y los argentinos tienen derecho a habitar una vivienda digna, con acceso a los servicios básicos de energía eléctrica y el gas natural, ambos necesarios para garantizar las condiciones de habitabilidad de los hogares”. En este sentido, recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sostiene que “los estados partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso (…)”
Respecto a las decisiones en materia de nuevos cuadros tarifarios tomadas por el Gobierno nacional indica como “un hecho insoslayable” las recomendaciones de las auditorías efectuadas por las intervenciones del ENARGAS y ENRE para “declarar la nulidad de las Revisiones Tarifarias Integrales correspondientes al quinquenio 2017-2022”
