La Ley de Alquileres sancionada en junio de 2020 está siendo revisada en la Cámara de Diputados. El proyecto de modificación de la norma obtuvo dictámenes de mayoría y de minoría en comisiones, pero ninguno cuenta con la mayoría suficiente para ser tratado en el recinto. Mientras se suceden las negociaciones en los despachos del Parlamento, el Movimiento Inquilino Nacional (MIN) tomó postura al respecto.
“Se va a terminar votando y pasando al Senado”, afirmó Natalia Ranzuglia, integrante de la Red de Inquilines Bonaerenses y del MIN, en diálogo con Radio Estación Sur. Aunque reconoció que en la Cámara Alta, la discusión será más difícil ya que “con la carrera presidencial avanzada hay que comerse el costo político de una ley de este tipo, no creo que les salga gratis a lxs legisladorxs salir en contra de nuestros derechos”.
Por otra parte, explicó que “estos dos proyectos surgen a partir de la imposición por parte de un sector del mercado inmobiliario, de modificar una ley que no ha tenido oportunidad de probar si es buena o no”. En este sentido, Ranzuglia sentenció que “hubo un lobby muy fuerte incluso desde antes que la ley se implementara. En realidad si bien la fórmula de actualización no es beneficiosa para los inquilinos, le pone un tope a la codicia de determinado sector”.
Las diferencias entre los dos proyectos:
“El proyecto del Frente de Todos plantea continuar con la ley como estaba, y suma algunos beneficios fiscales para propietarios y propietarias”, explicó la referenta.
En tanto que el dictamen que se consensuó por parte de la oposición “establece bastantes puntos conflictivos, como el tiempo de duración del contrato que quieren volver a llevarlo a dos años, elimina la obligación de proveer de un CBU para realizar transferencias, y permite la posibilidad de aceptar la actualización cada tres meses. Son muchos puntos que significan pequeños derechos que pudimos conquistar a partir de la sanción de esta ley vigente”
Desde el punto de vista de los inquilinos, hay dos factores que llevaron a que se esté revisando la legislación. Por un lado, el poderío del sector inmobiliario de instalar sus ideas a través de los grandes medios de comunicación; y por otro, cierta falta de volutan política por algunos sectores del Gobierno. “Esta Ley no tiene Autoridad de Aplicación, ¿a quién le decimos que se transgredió la Ley?”, enfatizó Randuglia.
