La Justicia condenó este lunes a prisión perpetua a cumplir en cárcel común a cuatro exmilitares del Ejército por los llamados “vuelos de la muerte” de la última dictadura cívico-militar. Estos operativos consistían en arrojar vivos y drogados al mar a detenidos-desaparecidos que estaban en centros clandestinos, como los que funcionaron en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el más grande del país, o en Campo de Mayo.
La condena fue emitida por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín contra el exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros; el excomandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el exoficial de operaciones de esa dependencia Eduardo María Lance.
Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini ordenaron analizar el estado de salud de los condenados -quienes cumplen prisión domiciliaria- para determinar si están en condiciones de ir a una cárcel común a cumplir la sentencia, como lo pidió la Fiscalía.
En 2017, la Justicia había condenado por los “vuelos de la muerte” a una treintena de acusados, varios de ellos a perpetua, entre los que sobresalían los excapitanes Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta. El juicio por esta “megacausa” duró cinco años y pasaron por el debate alrededor de 800 testigos.
Prisión perpetua y cárcel común a 4 exmilitares por los “Vuelos de la muerte” de Campo de Mayo: fueron condenados los oficiales de Batallón de Aviación 601 Luis Del Valle Arce, Eduardo Lance y Ángel Delcis Malacalza y Santiago Omar Riveros. La @SDHArgentina fue querellante. pic.twitter.com/psNfTGqt48
— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) July 4, 2022
Los casos abordados por el TOF fueron los de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace.
Estas personas fueron secuestradas entre 1976 y 1977, las trasladaron al centro clandestino de detención “El Campito”, en Campo de Mayo y allí las torturaron. Finalmente las subieron a aviones y las arrojaron al mar o al Río de la Plata. Los cuerpos de estas víctimas aparecieron en la zona de Punta Indio, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, o en la costa Atlántica.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en la causa, destacaron que gracias a los testimonios de exconscriptos, que relataron lo que vieron en Campo de Mayo entre 1976 y 1977, se pudo probar durante el debate el funcionamiento de “esta maquinaria planificada y sistemática que se utilizó para desaparecer y eliminar a miles de personas”.
El TOF 2 de San Martín encontró a los exmilitares culpables del allanamiento ilegal y del secuestro, tormentos y homicidio. En este sentido, el tribunal solicitó al Ministerio de Justicia que los incorpore al programa de vigilancia electrónica y que se les proporcione los dispositivos de geolocalización pertinentes.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, asistió al cierre del juicio acompañando a los familiares de las víctimas y celebró las condenas en un fallo que marca un antes y un después al reconocer la existencia de los “vuelos de la muerte” también en Campo de Mayo, como parte de un modus operandi ejecutado por el Ejército para el exterminio de miles de personas.
El juicio comenzó el 5 de octubre de 2020 y juzgó los hechos cometidos en el Aeródromo del Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo, que fue uno de los lugares en los que se gestó el último eslabón del circuito represivo desplegado por las Fuerzas Armadas y de seguridad entre 1976 y 1983.
En el transcurso del debate, que se extendió por ocho meses, dieron testimonio 199 personas y de la mayoría de las declaraciones surgió que los detenidos eran ingresados al predio en vehículos no oficiales, conducidos por personas vestidas de civil que se dirigían directamente a la cabecera de la pista de aterrizaje donde los esperaban aviones estacionados.
