EL pasado miércoles 13 de abril, se confirmó que el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta accedió a los datos biométricos de más de 7 millones de personas sin autorización judicial. Con la excusa de rastrear 40 mil personas prófugas, desde 2019 el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Marcelo D’Alessandro, utilizó de manera ilegal el sistema de reconocimiento facial.
Entre las personas espiadas ilegalmente se encontraban el Presidente, Alberto Fernández, la Vicepresidenta, Cristina Fernández, referentas de DDHH, dirigentes sociales, jueces, diputades de la oposición y hasta la ex Ministra de Seguridad y referenta del PRO, Patricia Bullrich.
Esta información fue publicada por el CELS (Centro de Estudios Legales) a raíz de una denuncia del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), que promovió una investigación judicial. Es por esto que el juez porteño, Roberto Gallardo, intimó al ministro D’Alessandro, a que en el plazo de dos días explique cómo se utilizaron los datos biométricos de más de 60 personas que fueron migrados desde el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) hacia reparticiones que dependen de la cartera a su cargo.
Cabe destacar que la Ley Nacional de Datos, diferencia lo comunes como el nombre, DNI y domicilio, de los sensibles (biométricos) que son la cara, orientación política, sexual religiosa, etc. Según destacaron especialistas, los segundos pueden permitir la discriminación a la persecución política de las personas y por lo tanto tienen una doble protección en la Ley.
El espionaje parece ser una costumbre del PRO, partido al que pertenece Larreta, si se tienen en cuenta las escuchas ilegales llevadas a cabo por el ex-Presidente, Mauricio Macri, a les familiares de las personas fallecidas en el Ara San Juan. En este caso, esta actividad ilícita del Gobierno porteño también alcanzó a las referentes de DDHH Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini; los dirigentes sociales Eduardo Belliboni y Juan Grabois; la Diputada por el PTS-FIT, Myriam Bregman; el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, o el actual supremo, Carlos Rosenkrantz.
El escándalo fue calificado como una “violación a los derechos humanos” muy peligrosa tras llevar tres años de actividad porque a pesar de que el el sistema de monitoreo del Ministerio de Seguridad porteño estaba habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del ReNaPer, esto era con la condición de que se trate de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), cosa que se excedió porque esa cifra el mes pasado llegó a 40.000 y el Gobierno de Larreta utilizó más de 7 millones de datos.
