A través de un comunicado leído por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en Casa Rosada los presidentes de México, Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro; y de Bolivia, Luis Arce, manifestaron su rechazo a la “injustificable persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También tuvo la firma del jefe del Estado argentino, Alberto Fernández, quien ya había expresado el lunes su apoyo.
“Dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”, definió el comunicado en apoyo a la exmandataria, para quien la Fiscalía pidió 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la causa conocida como “Vialidad”.
Junto a los presidentes @lopezobrador_ ????????, @petrogustavo ???????? y @LuchoXBolivia ???????? manifestamos nuestro más firme respaldo a @CFKArgentina y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos. pic.twitter.com/sYT3eByzpE
— Alberto Fernández (@alferdez) August 24, 2022
Además, refirieron que “en los últimos años el Poder Judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido”. En este sentido, recordaron que “en otras causas que siguen abiertas se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política”.
Entre ellas -sostienen- “la denominada ‘Causa Vialidad’ resulta emblemática” porque “allí el tribunal negó a la vicepresidenta poder ampliar su declaración tras la petición del fiscal de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, vulnerando así el legítimo derecho a la defensa”.
“Ante esta situación, y habida cuenta de las múltiples irregularidades legales y procesales que rodean estos casos, exigimos que se tomen en cuenta las conclusiones del Informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019 que cuestionaba la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas”, afirmaron.
