Múltiples de Asambleas socioambientales de todo el país se pronunciaron en contra de la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27) y las delegaciones argentinas en Egipto: “No en nuestro nombre”, manifestaron. Son más de 30 los espacios los que rechazaron “que un grupo de funcionarios y empresarios decidan sobre el futuro del planeta”, cosa que se hace “sin consulta alguna alguna a quienes habitamos los territorios”.
Cabe señalar que estas asambleas lanzaron un comunicado y juntaron adhesiones que el pasado 9 de noviembre entregaron en el Ministerio de Ambiente y que fue recibida por distintos funcionarios del gabinete del Ministro Juan Cabandié. “Seguiremos sumando adhesiones”, recordaron desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones indicando que en la “Bio” de su Instagram oficial está el formulario con la carta completa para agregar tu firma o la de tu organización.
“Rechazamos que Argentina diga que está transicionando a una matriz limpia cuando el plan que presenta el gobierno se basa en la habilitación de la explotación petrolera off shore en el mar argentino, el hidrógeno verde o la megaminería de litio y en profundizar (…) el frácking”, afirmaron.
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“Desde los territorios, desde nuestras asambleas, espacios de articulación y organizaciones, rechazamos el greenwashing, rechazamos las falsas promesas, y las falsas soluciones, de quienes se visten de verde pero tienen puntos solidarios con la derecha negacionista tanto en materia extractiva como represiva. Por eso seguiremos construyendo un tejido de lucha y resistencia que no va a descansar hasta que todes podamos vivir en un país en armonía con la naturaleza y organizado al servicio de los intereses de las mayorías populares”, remarcaron.
Entre las primeras firmas y adhesiones a la carta presentada en Ambiente (a la que se puede adherir aquí), figuran la Asamblea NO a la Mina de Esquel; la Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata; la Multisectorial Defendamos al Golfo San Matías de Río Negro; la Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca; Ecoasamblea Parque Camet – Mar del Plata; la Asamblea Vecinal Barrio Norte de La Plata; la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas; Multisectorial Paren de Fumigarnos; la Asamblea Ambiental Cosquín Auténtica; Asamblea Luna Roja de Chapadmalal; Salvemos los Humedales – Villa Constitución; Asamblea Socioambiental de Rosario y Alrededores; Red Ambientalista de Rosario; Movimiento Regional en defensa de los humedales (Cordón industrial de Santa Fe); Vecinos Autoconvocados contra la Contaminación de Klaukol; Asamblea Ambiental de San Esteban/Dolores; Asamblea de autoconvocados de Uspallata; Asamblea HOCÓ de Hudson; Asamblea de Vecinxs en defensa de la Reserva de la Laguna de Rocha; Asamblea por el Agua y la Tierra – Fiske Menuco; Espacio Ambiental de Agronomía – CABA; Dirección Nacional de Políticas Socioambientales CTA-Autónoma, Foro Ambiental y Social de la Patagonia; Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia.
Según indicaron desde el Gobierno Nacional, en representación del Ministerio de Ambiente nacional, están en Sharm el-Sheij, Egipto, la secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell; la directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Corina Lemann; y el embajador de Argentina en Egipto, Eduardo Antonio Varela.
“Mientras se habla de garantizar espacios habitables para las futuras generaciones, nuestros cuerpos y territorios están llenos de venenos, de agentes cancerígenos de agrotóxicos como el glifosato o glufosinato de amonio; o de las chimeneas sin control de fábricas en barrios residenciales o del vertido ilegal efluentes”, destacaron las asambleas de todo el territorio argentino y apuntaron: “Y ustedes, delegación argentina, no hacen nada más que habilitarlos”.
El comunicado también refirió a la violación de Derechos Humanos que significan las prácticas extractivas habilitadas por los gobiernos, la persecución y criminalización de las luchas socioambientales y la entrega de bienes comunes para pagar la deuda ilegal con el Fondo Monetario Internacional.
