El juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia que se había presentado por los chats que se filtraron de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro a finales de diciembre. Allí se mostraban cómo el principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta.
“Este archivo a las apuradas, nada menos que de un especialista en espionaje ilegal como el fiscal Stornelli, reafirma la necesidad institucional del juicio político a la Corte”, admitió el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. “Dan vergüenza ajena verlos intentando encubrir y silenciar los arreglos espurios de Rosatti y Larreta a través de sus intermediarios”, completó el funcionario.
En tan solo trece páginas, el juez Ramos sepultó la denuncia contra el director general de la vocalía de Rosatti. “No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, escribió Ramos.
En los tribunales de Comodoro Py hay una reticencia a investigar las prácticas de inteligencia ilegal del macrismo. En este sentido, cabe recordar el espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan.
Después de que se conocieran los chats entre Robles y D’Alessandro, el abogado Gastón Marano –que ejerce como defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y antes había sido asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI)– presentó una denuncia contra Robles. Sostenía que no podía estar asesorando a D’Alessandro porque no tiene matrícula como abogado y que tampoco podría hacerlo al ser funcionario de la Corte.
