En estos días, hubo una reunión entre Daniel Salamone, titular del Conicet, y Sturzenegger que encendió las alarmas dentro del organismo. Según trascendió, el decreto en preparación contempla una reducción presupuestaria, la limitación de nuevos ingresos a la carrera de investigador y cambios en el esquema de financiamiento, lo que puede afectar tanto a científicos consolidados como a quienes están iniciando su trayectoria.
El Gobierno cuenta con herramientas para avanzar en estos cambios sin necesidad de aprobación legislativa. La Ley Bases otorga un marco amplio para la reestructuración del Conicet, permitiendo, por ejemplo, la derogación del estatuto de carrera por decreto. Esto facilitaría la implementación de nuevas normativas de compatibilidad laboral, habilitando a los investigadores a desempeñar otras actividades fuera del organismo. La medida, sin embargo, es vista con preocupación en el sector, ya que podría generar una precarización del trabajo científico, reduciendo la dedicación exclusiva y afectando la calidad de los proyectos de investigación.
Otro de los puntos en análisis es la posible fusión del Conicet con otros organismos de ciencia y tecnología, como el Inta, el Inti y la Conae, con el objetivo de reducir la estructura estatal. Además, se propone la idea de transferir ciertas áreas del Conicet a las provincias, siguiendo un esquema similar al aplicado en los ’90 con la educación pública. Esta descentralización podría romper el abordaje de problemáticas estratégicas a nivel nacional y debilitar la capacidad de respuesta del organismo ante desafíos científicos clave.
El posible traslado de las ciencias sociales y humanas a las universidades nacionales es otro punto de conflicto. Estas disciplinas representan aproximadamente el 25% del Conicet, y su exclusión del organismo es vista como un intento de desarticular un enfoque interdisciplinario en la producción de conocimiento.
