Se realizó el pedido de elevación a juicio de dos ex funcionarios de Pergamino. Se trata de Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini, quienes están acusados de “omitir y ser cómplices” de fumigaciones no controladas que incumplían la normativa vigente al respecto al realizarse en campos cercanos a zonas urbanas.
“Hay dos funcionarios que están siendo elevados a juicio oral por una mega causa de envenenamiento colectivo por omisión del deber como funcionarios públicos en 2018 donde se comprueba que no cumplieron con el deber de funcionarios, omitieron recetas, control efectivo- tal como lo dice la ordenanza municipal- en tres barrios inicialmente y después extendiéndose a toda la ciudad comprobando que no daban ninguna respuesta ante los llamados de alerta y pedidos de ayuda de los vecinos que estaban siendo fumigados en la zona”, relató la abogada e integrante de asamblea Paren de Fumigar Pergamino, Sabina Ortíz en comunicación con Radio Estación Sur.
“Esta causa es la que demuestra dentro del expediente el daño genético que se presenta en los niños y la presencia de altas concentraciones de sustancia de agrotóxicos que tienen en el cuerpo. Esto está vinculado a la historia clínica que demuestra que lo que nos está sucediendo es como consecuencia de las sustancias agrotóxicas que llegan al cuerpo por no haber tenido previamente un control sobre la aplicación”, explicó la vecina y víctima de estas prácticas contaminantes.
En este sentido, denunció que “lamentablemente” quienes debían realizar los controles “no lo hicieron”. “Es más, estuvieron presentes Naranjo y Tocalini en algunas de las fumigaciones cuando ya estaba prohibido en esa zona por una medida cautelar la aplicación. O sea que no solamente omitieron, sino que fueron cómplices del envenenamiento sistemático hacia los y las vecinas de la ciudad”, remarcó.
Sobre la causa, dio a conocer que contiene “más de 70 historias clínicas” y que pudieron “incorporar a un barrio de Pergamino que en 8 manzanas tiene más de 54 casos de cáncer y en el agua de red, en el tanque principal, tiene 19 sustancias agrotóxicas que toman todos los días, se bañan, lavan las verduras y cocinan con esa agua”.
A su vez, la abogada ambientalista habló sobre el poder y la impunidad de los productores y funcionarios que, además, amedrentaron a varies vecines. “La causa ingresó en el juzgado federal en 2018 y a partir de entonces lamentablemente he sufrido desde amenazas hasta tiros en mi casa”, contó Ortíz.
“Mataron mi perro, me tiraron bidones vacíos de agrotóxicos en mi casa, uno de los productores que está procesado atentó contra mi papá y sobrino así que esperamos que corra con la misma suerte que los funcionarios porque hemos sufrido muchas represalias por esta situación; también entraron a la casa de mi mamá armados los hijos de los dueños del campo que habían allanado para sacar pruebas; y esto es una constante”, relató.
Al ser consultada por cómo llegó a trabajar en esta causa, la abogada relató: “Desde antes del 2011 vengo denunciando que fumigaban frente a mi casa porque plantaban a 10 mts la soja en zona urbana algo completamente prohibido y nunca obtuve respuesta”.
Y continuó: “En 2011 siendo fumigada tenia problemas de salud respiratorios, dérmicos cada vez que se fumigaba y ese cuadro se repetía en toda la flia. Yo estaba embarazada de 5 meses y vuelven a fumigar; ese día el olor era insoportable, el veneno se metía por cualquier orificio de la casa, cerramos todo: puertas y ventanas pero el olor se concentró adentro y lamentablemente sufrí una intoxicación que causó que pierda el embarazo”.
“Iba a pedir ayuda y nadie me escuchaba”, aseguró, por lo que “después de mucho andar, de que mi hija se siga enfermando y sentirme morir varias veces comencé a estudiar Derecho para poder encontrar un poquito de alivio, hacer algo por mi familia y tantas otras personas que conocí que presentaban los mismos síntomas y complicaciones que mi hija y con la misma respuesta: ninguna”, finalizó.
