Por Dr Jorge SAPPIA (*)
Ing. Miguel PONCE (**)
Las agencias de clasificación como Morgan Stanley (que fue la que, a través de su nueva “marca” MSCI “degradó” a la Argentina) tienen un enfoque diferente del que aplican los organismos multilaterales a la hora de evaluar las economías de los países; no tienen equipos multidisciplinarios por país, y es frecuente que una sola persona atienda una veintena o más de países. Igualmente, los diagnósticos y proyecciones se enfocan mucho más en el corto plazo que en una mirada estratégica en el largo plazo; y, sobre todo, tienen en cuanta la visión de los inversores institucionales con aversión al riesgo, que suelen ser su principal clientela. Por todo eso no debe asimilarse una calificación de una de estas agencias, con un diagnóstico del Banco Mundial, el BID o el FMI. Pero no por ello puede ignorarse.
En primer lugar, es preciso no cargar las tintas sobre el actual gobierno ya que los problemas que enfrenta el país para atraer la inversión privada son de larga data y los gobiernos que se han sucedido, con diversos enfoques económicos a veces hasta antagónicos, no pudieron evitar que esos problemas se profundicen. La Argentina fue mercado de frontera por largo tiempo, por múltiples razones que predominantemente han tenido con ver con la aversión al riesgo de los inversores privados corporativos y por una larga historia de inestabilidad institucional, controles a los flujos de capitales y frecuentes cambios de marcos regulatorios (lo que a veces se llama “inseguridad jurídica”, no sin cierta intencionalidad). La insuficiente inversión privada en las últimas décadas ha sido un factor preponderante para el decepcionante crecimiento de la economía que ni siquiera ha podido acompañar la ya de por sí limitada evolución de América Latina. La falta de acuerdos básicos acerca de estos elementos primordiales de la economía, esenciales para lograr una inversión bruta fija anual que supere los 20 puntos del PIB y garantice la ruta al crecimiento sostenido, interpela a toda la sociedad.
El pase a “mercado emergente” que se le dio al país en 2018 fue casi una apuesta a que se dejara atrás esa historia y, lamentablemente, ni la política ni la realidad económica acompañaron las expectativas: aún antes de las elecciones y el cambio de gobierno en 2019, volvieron los controles de cambios y al movimiento de capitales. El abanico de medidas dispuestas por el actual gobierno en 2020 y lo que va del 2021, ya sea en respuesta al enorme desafío de la pandemia del Covid, o por decisiones políticas fruto de una orientación diferente de la economía, ha revivido todos los controles y los problemas de la década anterior y ha agregado otros nuevos. En ese contexto, era inevitable la pérdida del grado de emergente del país; lo que no se esperaba era el pasaje a mercado “independiente”, es decir, “fuera de los mercados”. Paradójicamente y contra las lecturas mayoritariamente tremendistas que se han hecho desde el anuncio, esto puede interpretarse como una imposibilidad transitoria de evaluar la real situación del país y ser, por tanto, reversible de manera más o menos rápida (en unos años y no en décadas). Dicho ello sin perjuicio del daño inmediato que produce esta calificación de “fuera de mercado” a las empresas argentinas que cotizan en el exterior, algo ya evidenciado por el duro golpe sufrido por las acciones de empresas argentinas en la bolsa de Nueva York el día siguiente al anuncio, y a la competitividad de nuestras exportaciones, cosa que lamentablemente se extenderá por un largo período, justo cuando el país necesita optimizar su performance exportadora para garantizar el ingreso de divisas.
El país ya estaba fuera de los mercados voluntarios de fondos, de hecho, por ello se debió recurrir al programa Stand By del FMI en 2018. El fracaso de dicho programa tuvo mucho que ver con la imposibilidad por parte del gobierno de entonces de resolver los problemas que se venían arrastrando y, sobre todo, por la evidente aversión a todo acuerdo acerca del futuro de la economía por una parte creciente de la sociedad que parecía optar por mantener posiciones en el corto plazo sin permitirse una mirada estratégica hacia el futuro. Ni la refinanciación de la deuda privada el año pasado, ni la dilatada negociación de la deuda con el Club de París y las idas y vueltas con el presunto programa de facilidades extendidas con el FMI han hecho nada para mejorar esta situación, al contrario. Pero sobre este escenario, esta nueva calificación conlleva pocos cambios. El país seguirá sin tener acceso al crédito privado y poco cambiará para el estado argentino, aunque las empresas exportadoras verán subir las tasas para las prefinanciaciones y endurecer las condiciones crediticias. Y se hará más difícil logra los necesarios superávits gemelos imprescindibles para garantizar el crecimiento sostenido.
El verdadero problema de todo esto, sin embargo, está en cómo se hace para revertir esta situación y esta calificación. Y la respuesta a ello es que será imposible salvo que se logre un amplio acuerdo político y económico entre todos los actores relevantes de la sociedad. Resolver los problemas estructurales de la Argentina requiere de un plazo que necesariamente abarcará varios períodos gubernamentales; ningún partido o grupo político podrá, por sí solo, enfrentar estos enormes retos con prescindencia de ese amplio Acuerdo Político, Económico y Social que la UCR viene reclamando desde hace tiempo, y que el desafío de la hora hace más necesario que nunca. Vivimos una situación inédita, apelamos al patriotismo y la responsabilidad para encontrar soluciones inéditas.
(*) Presidente H. Convención Nacional, Unión Cívica Radical
(**) Coordinador Comisión Economía – HCN UCR
