El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca declaró este viernes por medio de la Resolución 36/2022 el estado de emergencia y de desastre agropecuario en toda la provincia de Corrientes por el término de seis meses, con alcance a las explotaciones rurales “afectadas por sequías y/o incendios”. La medida se formalizó en el Boletín Oficial, y ya había sido recomendada por la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios.
El período abarcado por la emergencia (postergación del pago de impuestos nacionales) y/o desastre (eximición de esas obligaciones) abarca desde el 1 de enero hasta el 1 de julio de 2022, pudiéndose prorrogar por otros seis meses. La norma indica que la declaración de emergencia o desastre abarca a “todo el territorio provincial”.
Corrientes nos convoca a la unidad como Nación.
Nos reunimos con las entidades agropecuarias para profundizar las acciones de asistencia a las y los productores que impulsamos desde el Gobierno Nacional en conjunto con la provincia y los municipios.#ArgentinaConCorrientes pic.twitter.com/E1oyucy9yJ
— Julián Domínguez (@DominguezJul) February 24, 2022
“Los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos” para la declaración del estado de emergencia o desastre, indica el artículo Nº 3 de la norma.
En este sentido, la provincia de Corrientes presentó ante la Comisión el decreto provincial 200 del 7 de febrero, en el que se declara la emergencia provincial, y el organismo recomendó al Ministerio de Agricultura la aplicación de la medida a escala nacional. La prórroga de la declaración hasta fin de año dependerá “de las condiciones climáticas que se manifiesten en los siguientes meses, por la situación de sequía e incendios en todo territorio provincial, para la totalidad de las explotaciones productivas, debido al prolongado evento critico climático de sequía que atraviesa la provincia”.
A su vez, en los considerandos se señala que esa situación de sequía fue seguida por “numerosos focos de incendios ocurridos durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022”, algo que “conlleva graves y elevadas pérdidas productivas y económicas, en establecimientos agropecuarios”.
En la misma edición del Boletín Oficial se publicó la Resolución General 5158/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por la que se instrumentan medidas extraordinarias de alivio fiscal para los contribuyentes cuyas actividades económicas se encuentran “severamente afectadas” por los incendios en Corrientes y Misiones. La medida ya había sido adelantada este jueves por el organismo recaudador y establece “plazos especiales para el cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales, así como suspender las intimaciones, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares”.
A la vez, la AFIP determinó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2022 de las intimaciones, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de embargos, por lo cual, cuando se trate de ejecuciones fiscales iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la normativa, las mismas serán paralizadas.
