La Dirección de Economía, Igualdad y Género aseguró que el impacto económico por el uso de productos de gestión menstrual (PGM) amplía las desigualdades sociales. A través de un relevamiento detectaron que en Argentina más de de 12 millones las personas que los utilizan.
“Los productos de gestión menstrual (PGM) representan un costo para las personas menstruantes, siendo, a su vez, la porción de la sociedad con menores ingresos, mayores niveles de precarización, desempleo y pobreza”, señalaron en el informe del organismo.
Allí, se pudo ver que más de 12 millones de mujeres, varones trans y no binaries utilizan estos elementos considerados de primera necesidad. A pesar de esto, sus costos profundizan según el DNEIyG las desigualdades sociales ya que el costo anual de toallitas, tampones, copas u otros PGM representa entre $4.028 y $5.135.
En este sentido, recientemente el bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de La Plata presentó un proyecto que crea un programa municipal de entrega gratuita de elementos de gestión. El mismo se llama “Sin falta” y estaría destinado a estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario, que concurran a establecimientos educativos públicos y que residan en la capital bonaerense.
#ProyectoPresentado
Programa SIN FALTA, proyecto para que el Estado municipal garantice productos básicos de gestión menstrual de niñas, adolescentes y personas menstruantes; y concientizar sobre la importancia y el correcto cuidado de la salud menstrual, sexual y reproductiva ⬇️ pic.twitter.com/vEFmjA4U7m— Paula Lambertini (@plambertini) July 1, 2022
“Hubo un avance en los últimos años al menos en políticas públicas al menos en la intención desde una perspectiva práctica y concreta del Estado de pensar la distribución de los productos económicos y simbólicos. Esto tiene que ver con visibilizar el tabú sobre la menstruación, poder correrlo de esos lugares y cambiar un paradigma para que ya no tenga que ver con lo tabú o la enfermedad, sino como un indicador de salud” indicó Florencia Montiel, activista menstrual e integrante de la Red de circuladores, docente e investigadora independiente en temas de políticas públicas y salud, en diálogo con Radio Estación Sur.
“Muchas provincias han recogido el guante de esta situación de inequidad y desigualdad en torno a los PGM de las personas que menstruamos y han incorporado la posibilidad de pensar en programas concretos que se plasmen en políticas públicas que tengan que ver con la provisión de estos productos”, destacó la activista remarcando que “lo que entra en discusión tiene que ver con la sostenibilidad e impacto en el ambiente con respecto a estos productos, además de otra línea que es el acceso a la educación y elección de esos productos”.
“Hay que pensar la gestión menstrual desde la óptica de la salud, la economía, la educación y el ambiente. Lo consideramos así porque son un bloque de propuestas que tienen un correlato concreto en poder trabajar el acceso a la gestión menstrual desde un lugar que también aporte a la autonomía de esa personas que después van a elegir un producto menstrual. Por eso nos parece importante no escindir ninguna política pública desde esa perspectiva concreta que tiene que ver con el reconocimiento de las personas que van a utilizar esos productos en el poder aprender”, sostuvo Montiel, quien ha acompañado varios procesos de planificación, aprobación e implementación de normativas en varias provincias y municipios.
En este sentido cuestionó: “¿Qué es lo que ocurre con las personas que no pueden acceder a esos productos?”. Mientras que el informe del organismo estatal indicó que “la ausencia de instalaciones sanitarias y productos adecuados para la gestión menstrual produce ausentismo laboral y afecta las condiciones de desigualdad estructurales en su inserción económica”, entre otras cosas.
Por otra parte, Montiel aseguró que también “hay un una cuestión del deseo pero sobre todo del reconocimiento del cuerpo, de hablar de sexualidad y brindar información. Eso también tiene que ver con cuál es la mirada que desde la política pública se puede dar para lidiar con la inequidad” asegurando que “los activismos somos muy importantes para darle forma a esto y pensar en cuáles son esos productos”.
A su vez planteó que en un momento de crisis económica desde los ecofeminismos se plantea la necesidad de “pensar que las políticas públicas sean sostenibles no sólo con las personas y con los cuerpos que utilizan esos productos, sino también con lo ambiental, cuál es el impacto que tiene una política de gestión menstrual”.
